La campaña electoral obliga a sus protagonistas a poner sobre la mesa, con más o con menos detalle, qué planes pretenden llevar al Congreso en caso de ser elegidos. En el heterogéneo Frente de Todos, ahora vuelven a tomar fuerza ideas que quedaron truncas a poco de echadas a andar.
El director del Banco Nación y precandidato a diputado del oficialismo en la Ciudad, Claudio Lozano, agitó la semana pasada la posibilidad de que el Gobierno vuelva a intentar la "intervención gubernamental" de Vicentin, que el presidente Alberto Fernández quiso ejecutar mediante un decreto de necesidad y urgencia en junio de 2020, pero que tras semanas de protestas y poco respaldo político a la idea de crear una empresa nacional testigo en el comercio de granos, se diluyó.
A juicio del Lozano, exdiputado nacional, "el tiempo transcurrido, los avances judiciales de carácter penal y comercio, el propio concurso de acreedores y al auditoría forense han contribuido a gestar condiciones de consenso".
En ese marco, el economista consideró que ahora "parece razonable que el Estado nacional busque los socios necesarios para que el final de esta historia se acerque a las necesidades de nuestro país".
La propuesta del director del Banco Nación viene empujada por una investigación que puso al descubierto desmanejos financieros que dan a entender un fraude contra el Estado, perjudicado a través de la banca pública, que concedió créditos a la empresa, y la AFIP.
El caso Vicentin vuelve a la escena a pocos días que la empresa cerealera presente una propuesta de pago a sus acreedores, y una presunta oferta de compra por parte de tres empresas del sector: la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Molinos Agro, una de las empresas del holding de la familia Pérez Companc, y ViterraArgentina (ex Glencore), que ya es socia de Vicentin en Renova. De allí que la instalación del tema en agenda, por parte de Lozano, también pareciera ser un mensaje dirigido a los otros actores dentro de la política que tienen interés en el caso.
