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La modernización del Estado argentino dejó de ser un debate académico para convertirse en una urgencia económica. Según cifras contundentes, las ineficiencias en la gestión pública le cuestan al país hasta un 7,2% de su Producto Bruto Interno (PBI) anualmente.
Esta cifra que duplica los estándares regionales y representa miles de millones de dólares que podrían destinarse a áreas críticas como salud, educación e infraestructura.
El costo de la ineficiencia: números que alarman
Un informe de la Universidad del CEMA (UCEMA) revela que Argentina supera ampliamente el promedio latinoamericano de ineficiencia estatal, que se ubica en el 4,3% del PBI. De ese 7,2% que se pierde en el país, 1,9 puntos porcentuales corresponden directamente a filtraciones y programas sociales con mala focalización, lo que evidencia no solo problemas tecnológicos sino también de diseño y gestión de políticas públicas.
El diagnóstico argentino coincide con las conclusiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que estima que las ineficiencias en el gasto público de América Latina y el Caribe generan pérdidas anuales de hasta 4,6% del PBI regional. Más revelador aún: según el organismo multilateral, reducir estos desvíos podría impulsar un aumento del crecimiento económico del 1,8%, fortaleciendo simultáneamente las cuentas fiscales y reduciendo la presión de la deuda pública.
“Cada punto porcentual de ineficiencia representa recursos que dejan de llegar a hospitales, escuelas o rutas. No es un tema abstracto, es plata concreta que se desperdicia”, explica el análisis de UCEMA.
¿Por qué Argentina está tan rezagada?
La brecha no es solo tecnológica. La falta de digitalización, la fragmentación administrativa entre organismos que no dialogan entre sí, y los procesos manuales que demoran trámites que podrían resolverse en minutos componen un cóctel tóxico que no solo ralentiza la gestión pública sino que deteriora la confianza ciudadana en las instituciones.
“Modernizar el Estado no es una cuestión de moda o de tendencia. Es una necesidad urgente para mejorar la eficiencia de los recursos. Y para hacerlo bien, hay que entender cómo funcionan los engranajes desde adentro”, afirma Gastón Gugliotta, gerente general de Streambe, una empresa tecnológica argentina que trabaja con organismos clave como ARCA (exAFIP), Aduana, el Ministerio de Producción y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
La particularidad de Streambe radica en su enfoque multidisciplinario: en lugar de ofrecer soluciones tecnológicas estándar, la firma combina ingenieros con politólogos, sociólogos y expertos en políticas públicas. “La transformación digital del Estado requiere voluntad política, cambio cultural y planificación tecnológica. Nosotros tratamos de ayudar en las tres cosas”, resume Gugliotta.
Iniciativas provinciales: avances fragmentados
Algunas provincias comenzaron a tomar la iniciativa frente a la ausencia de una estrategia nacional integrada. En octubre de 2025, la provincia de Buenos Aires aprobó la extensión hasta diciembre de 2026 de un programa gestionado con Naciones Unidas que busca “fortalecer la transformación tecnológica de la administración pública bonaerense”.
Por su parte, Chaco presentó a fines de 2024 el “Plan de Modernización Gobierno del Chaco 2024-2027”, que incluye “herramientas y metodologías para la simplificación, racionalización y modernización administrativa promoviendo un Estado ágil, proactivo e inteligente”.
Sin embargo, estos esfuerzos aislados evidencian un problema mayor: la falta de coordinación federal que permita escalar estas experiencias exitosas a nivel nacional y evitar la duplicación de recursos.
El rol del sector privado: casos concretos
La articulación público-privada emerge como una posible solución para acelerar la transformación. Un ejemplo destacado es Generación Salud, un programa de atención primaria municipal que utiliza inteligencia artificial para clasificar consultas médicas, asignar turnos y ofrecer telemedicina en zonas donde el sistema público no llega.
“Estamos entregando una herramienta que permite resolver consultas básicas y dar una respuesta rápida, incluso en lugares sin cobertura”, señala Gugliotta sobre este proyecto que ya está funcionando en diversos municipios del interior del país.
Otro programa destacado es Generación T, una iniciativa de capacitación en habilidades digitales que ya formó a más de 15.000 personas en 23 provincias y 200 municipios, con trayectos formativos adaptados a cada contexto local. La apuesta es clara: no se puede modernizar el Estado sin capacitar a quienes trabajan en él.
Los especialistas coinciden en que el mayor obstáculo no es la falta de herramientas tecnológicas disponibles, sino la resistencia cultural al cambio dentro de las estructuras burocráticas.
“Podés tener el mejor software del mundo, pero si no cambiás la cultura organizacional y no involucrás a los equipos en el proceso, fracasás”, advierte Gugliotta. La experiencia internacional muestra que los proyectos de modernización más exitosos son aquellos que combinan inversión tecnológica con gestión del cambio y capacitación continua.
