La Corte Suprema de Justicia convocó ayer a representantes del Estado nacional y de seis provincias a una audiencia pública en el marco de las causas en las que se debate la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo que dispuso derogar el Fondo Federal Solidario, conocido como "Fondo sojero".
El máximo tribunal resolvió que la audiencia conciliatoria se realice el 26 y 27 de junio, desde las 11, en la causa "Formosa, Provincia de c/Estado Nacional s/acción declarativa de inconstitucionalidad", proceso iniciado por el gobierno de Gildo Insfrán. Las provincias convocadas a la audiencia, además de Formosa, son Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, Catamarca y Santiago del Estero, que también iniciaron causas con idéntico motivo.
En el proceso se plantea la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 756/2018, que derogó el Fondo Federal Solidario creado por el decreto 206/2009.
La convocatoria, difundida
ayer por la tarde por el Centro de Información Judicial (CIJ), lleva la firma de los ministros de la Corte Carlos Rosenkrantz, Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.
La administración de Mauricio Macri decidió en agosto pasado la eliminación del Fondo Federal Solidario que se conformaba con el 30% de las retenciones a las exportaciones de soja, por lo que provincias y municipios dejaron de recibir alrededor de $ 35.000 millones entre ese mes y diciembre de este año.
De acuerdo con los datos Dirección Nacional de Asuntos Provinciales Buenos Aires fue el distrito que más dinero había recibido en 2017 por el FFS, nada menos que $ 4023 millones. Le siguieron las otras dos provincias con mayor superficie de soja sembrada en el país: Santa Fe, $ 1638 millones y Córdoba con $ 1627 millones. En tanto, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Neuquén fueron las tres jurisdicciones que menos dinero recibieron del denominado fondo sojero: $ 226 millones, $ 290 millones y $ 318 millones, respectivamente.
El FFS fue creado por la gestión de Cristina Fernández de Kirchner en 2009 con el objetivo de transferir recursos a las provincias, a la Ciudad de Buenos Aires y a los municipios para financiar obras. Su constitución se proponía acrecentar la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial, tanto en ámbitos urbanos como en los rurales, de modo de incidir significativamente en la calidad de vida de la población.
El Gobierno decidió eliminarlo el año pasado luego de haber avanzado en la negociación con los gobernadores y en medio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
