Mientras arrecia laconflictividad entre la Casa Rosada y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, la Corte Suprema convocó para este miércoles a los abogados del Estado nacional y a los de la administración porteña para una audiencia de conciliación para intentar un acuerdo sobre la quita de fondos pertenecientes a la Coparticipación federal de impuestos, que hasta hoy es uno de los principales temas de controversia entre las partes.
El máximo tribunal de justicia de la Argentina convocó a los representantes de ambos gobiernos a un encuentro previsto para las 10 de este miércoles a fin de zanjar una disputa que es tan antigua como el mandato del presidente Alberto Fernández, ya que allá por diciembre de 2019 este advirtió al alcalde porteño que el porcentaje de fondos girados automáticamente por medio de la Coparticipación le sería alterado.
Lejos de conciliar, la Procuración del Tesoro -el cuerpo de abogados del Estado- pidió a la Corte desechar la presentación porteña por considerar que el Gobierno de la Ciudad no es competente para accionar contra la Nación directamente ante este tribunal.
Los letrados comandados por Carlos Zannini también argumentaron que la Nación "actuó de buena fe" y convocó al diálogo a la Ciudad para dirimir los montos a transferir en razón de sostener la operación de la Policía de la Ciudad, que desde el Ministerio de Economía calcularon a comienzos de año en $ 24.500 millones.
Sin embargo, esta noche, la Corte rechazó "in limine la excepción de incompetencia opuesta por el Estado Nacional en este proceso". De esta forma, mañana Nación tendrá que sentarse a la mesa con Ciudad.
En septiembre de 2020, acuciado por una revuelta policial bonaerense en reclamo de mejoras salariales, Fernández resolvió quitarle a la ciudad de Buenos Aires un punto de los recursos que se recaudan y transfieren automáticamente al distrito y a las provincias, aduciendo que en la gestión del expresidente Mauricio Macri se había incrementado injustificadamente en favor de la Ciudad este porcentaje.
La modificación dispuesta por Macri fue a razón de la transferencia de más de 20.000 efectivos de la Policía Federal a la órbita porteña, pero según la actual gestión, este no debió ser el mecanismo. Para continuar financiando esta transferencia de competencias, el Ejecutivo fijó otro mecanismo que luego fue validado por el Congreso por la ley 27.606, de diciembre pasado.
La Ciudad, que desde enero rechazó cualquier diálogo en este sentido a la espera de un fallo de la Corte Suprema, reclama a la Nación $ 65.000 millones anuales y dice haber perdido, desde el inicio del conflicto en septiembre hasta el 31 de marzo, unos $ 32.000 millones.
Los abogados porteños, en tanto, prefirieron el silencio hasta tanto se realice la audiencia.
