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La Justicia federal dio un nuevo paso en dirección a frenar la cesión de tierras del Ejército a una comunidad mapuche de Río Negro dispuesta por una jueza federal y donde se sospecha de una velada complacencia por parte del Estado Nacional. A la espera que la Corte Suprema falle sobre la causa, el procurador general interino Eduardo Casal ya elevó su recomendación en contra de esa decisión.
"Solicito la suspensión urgente de la sentencia dictada en primera instancia, cuya apelación la cámara consideró extemporánea", se pronunció el procurador Casal, en respuesta a un fallo de un juez federal de primera instancia de Bariloche que había dado luz verde a la demanda de la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue el 2 de febrero de 2020.
A comienzos del año pasado, la jueza federal de primera instancia de Bariloche, Silvina Domínguez, dispuso la entrega del título de 180 hectáreas a la comunidad mapuche y ordenó al Gobierno nacional que se concretara en un plazo de 60 días. De este modo, la propiedad de esa fracción de las 3.385 hectáreas pertenecientes al Ejército pasarían de forma gratuita a manos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que comandaba entonces Magdalena Odarda.
Casal entendió que el Poder Judicial de Bariloche estaba invadiendo a los otros poderes, el Legislativo y el Ejecutivo, al ordenarle qué hacer con esos terrenos. En consecuencia, su recomendación -no vinculante- a la Corte Suprema es la "suspensión urgente" del fallo de la Justicia Federal de Bariloche que ordenaba la escrituración gratuita de las tierras militares a favor la comunidad mapuche.
"El uso concurrente o común de ellas haría necesariamente desaparecer la línea de separación entre los tres altos poderes políticos, y destruiría la base de nuestra forma de Gobierno", sostuvo el procurador. Casal recordó que una medida como la dispuesta por los tribunales barilochenses debe ser tomada mediante una ley nacional.
"El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia de las tierras afectadas a esos fines a la autoridad de aplicación para el otorgamiento de la posesión y posteriormente de los títulos respectivos. Pero ello requiere ley del Congreso", indicó.
Casal agregó que "la misión más delicada de la justicia radica en mantenerse dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que les incumben a los otros poderes", argumentó Casal.
Y remarcó que "el Máximo Tribunal ha señalado que siendo un principio fundamental de nuestro sistema político la división del Gobierno en tres departamentos, independientes y soberano en su esfera, las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas".
A comienzos de 2022, la jueza federal Silvina Domínguez dispuso la entrega del título sobre 180 hectáreas de las 3.385 pertenecientes al Ejército en Río negro al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para ser destinados a la comunidad mapuche
la apelación del estado
La disputa por las tierras sigue un largo periplo de reclamos por parte de la comunidad mapuche que recién fueron recepcionados en 2012, cuando el Estado nacional le reconoció su residencia ancestral en esas tierras tras un relevamiento catastral. No obstante, en 2020 hubo un intento de desalojo administrativo por lo que sus representantes legales de la comunidad Millalonco Ranquehue presentaron un pedido de amparo ante la Justicia federal.
Dos años después falló, la jueza falló a su favor. Sin embargo, el Estado Nacional apeló fuera de término, lo que despertó una serie de suspicacias respecto a su interés real en frenar la sentencia. Como consecuencia, se inició una causa judicial en los tribunales de Comodoro Py.
De lo que se sospecha es de la posibilidad de que los funcionarios a cargo de actuar en beneficio de las tierras del Ejército y contra el traspaso "pudieron haber tenido conocimiento de aquella circunstancia e, incluso, haber impartido la orden de dejar vencer los plazos y dar luego apariencia de una mínima diligencia mediante la presentación tardía del recurso".
En ese expediente, la Cámara Federal porteña dictó una medida cautelar "a los efectos de impedir la producción de cualquier acto administrativo por parte del Poder Ejecutivo Nacional, del INAI o cualquier otro organismo público que pudiera resultar con competencia tendiente a transferir el dominio de las tierras". De esa manera, frenó la ejecución del fallo de la justicia de Bariloche.
Entonces, la gobernadora Arabela Carreras había diferenciado a la comunidad que sería destinataria de las tierras: "Esta no es una comunidad violenta y convive con la población", dijo a CNN radio. Y añadió: "Circulan datos y se mezclan situaciones, comunidades y es bueno hacer aclaraciones. Hay una comunidad que tiene una larga presencia en ese lugar y la tierra que se le entrega es una porción muy inferior a las tres mil hectáreas".
La mandataria provincial aclaró que uno de sus proyectos era "un pulmón verde en Bariloche para uso recreativo y turístico" para compartir con las comunidades originarias y cuidarlo en conjunto. "Hay un camino que se termina dirimiendo en la Justicia. Podemos estar de acuerdo o no con el resultado, pero el Estado nacional es el titular de la tierra", sostuvo Carreras.
