En esta noticia
La Cámara de Diputados sesiona este miércoles para aprobar el Presupuesto 2026, que será el primero de la gestión de Javier Milei.
El Gobierno logró dictaminar el proyecto con 28 firmas, aunque enfrentó 6 disidencias, incluyendo cuatro del interbloque PRO-UCR. El texto contempla gastos totales por $ 148 billones, con un superávit primario del 1,2% del PBI y proyecta una inflación del 10,1% para el año próximo.
El oficialismo incluyó en el dictamen la derogación de las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario que el Congreso insistió este año, a pesar de que la Justicia Federal declarara inválido el decreto que suspendió la ley de emergencia en Discapacidad y ordenara su “inmediata aplicación”.
En una negociación de último momento, el Gobierno acordó con el PRO para incorporar un artículo que cumpla con el fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires.
Según confirmó El Cronista, fuentes de alto rango del Ejecutivo confirmaron que agregarán un artículo “genérico” durante la sesión del miércoles para establecer las adecuaciones presupuestarias necesarias que atiendan el reclamo del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
El mandatario porteño demandaba que se incluya un pago por goteo diario o semanal del 2,95% de la coparticipación que establece la medida cautelar, ya que consideraba “discrecional” el adelanto que recibe.
Por su parte, el jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo, logró eliminar la exención del cobro del IVA para diarios, revistas y suscripciones digitales, aunque también reclamó por la falta de claridad en el artículo 71 sobre las deudas de CAMMESA y el plan de pago a través de las tarifas eléctricas.
Los únicos gobernadores que apoyaron en su totalidad el texto del Gobierno fueron el sanjuanino Marcelo Orrego y el tucumano Osvaldo Jaldo. El mendocino Lisandro Nieri, que responde a Alfredo Cornejo, firmó en disidencia junto a los diputados del PRO Fernando De Andreis y Diana Fernández Molero, quienes integran la comisión de Presupuesto y Hacienda y responden al macrismo puro.
Para avanzar en la negociación sobre el reclamo de coparticipación porteño fue clave la participación del ministro del Interior, Diego Santilli, quien funciona como interlocutor junto a Ritondo y adelantan que se vienen más giros de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a provincias clave en las próximas horas.
Educación: recorte a universidades y derogación de la ley de financiamiento
El proyecto destina $ 7,7 billones a la función Educación y Cultura, lo que implica una caída real del 1% con respecto a 2025 y del 47,7% con relación a 2023.
El texto deroga el artículo de la Ley de Financiamiento Educativo que exige que el gasto en el área sea como mínimo del 6% del PBI, una meta que solo se cumplió en 2015 desde su creación en 2005.
Las universidades nacionales recibirán $ 4.872 millones, lo que representa una caída del 7,2% en relación a 2025 y del 34,3% con respecto a 2023.
El dictamen aprobado en comisión incluyó además la derogación de la ley de financiamiento universitario, que establecía que los fondos destinados a las universidades y los salarios docentes se actualizaran por inflación desde 2023.
El presupuesto contempla $ 90.000 millones para los vouchers educativos, una caída real del 13,5% con respecto a 2025, que refleja la baja en las solicitudes de ayuda registrada este año. Por el contrario, se prevé un aumento del 4,1% real en la inversión destinada a becas en general, como las Progresar.
El Plan Nacional de Alfabetización recibirá unos $ 580.000 millones, un incremento real del 39,3% con respecto a los $ 352.000 millones presupuestados en 2025.
El Gobierno otorga un aumento del 17% para el área de Salud y un 8% en Educación, con hincapié en el incremento para las universidades nacionales, aunque no incluye la derogación de la ley de emergencia en pediatría, ya que consideran que la demanda ya fue saldada con los aumentos salariales para el Hospital Garrahan.
Jubilaciones: bono congelado y recorte a pensiones por discapacidad
Las prestaciones sociales tendrán un aumento real del 5,7% en 2026, según el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Las partidas destinadas a las jubilaciones muestran un incremento real del 6%, pero los fondos para el bono extraordinario destinado a los beneficiarios de la mínima caerán 13,8% real, lo que implicaría mantener el beneficio en $ 70.000 (congelado desde marzo de 2024) durante todo el año próximo.
Bajo estas condiciones, la jubilación mínima caería en torno al 1% en 2026, mientras que el resto tendría un incremento del 2,2%. El proyecto contempla aumentos salariales para los jubilados, pero el bono extraordinario permanecerá sin actualizaciones, afectando principalmente a quienes cobran la mínima.
El presupuesto registra una caída del 10,6% real en los fondos destinados a las pensiones por discapacidad, explicada por un recorte de 155.000 beneficios, según se desprende del análisis de la OPC. El proyecto oficial también propone la derogación de la Ley de emergencia en discapacidad, que establecía aumentos en las partidas del área y cuya suspensión fue declarada inválida por la Justicia Federal.
Asistencia social: más AUH, pero menos ayuda alimentaria
Las asignaciones familiares presentan un incremento real del 3,7% respecto del cierre estimado para 2025, y particularmente la Asignación Universal por Hijo (AUH) muestra un incremento del 6,4% real.
La prestación Alimentar tendrá en 2026 una caída del 1,52% real con respecto a los gastos de 2025. En la misma línea, los fondos destinados a comedores comunitarios presentan un recorte del 28,9%, lo que genera preocupación en organizaciones sociales que alertan sobre el impacto en la asistencia alimentaria de sectores vulnerables.
Con respecto a los planes de empleo, se proyecta una caída real del 70,6% en los fondos destinados al programa Volver al Trabajo (destinado a la capacitación laboral de personas de hasta 49 años), lo que implicaría una reducción del 66% de los $ 78.000 que actualmente cobran los 950.000 beneficiarios. Por el contrario, el programa de Acompañamiento Social (para personas mayores de 50 años) tendrá un aumento del 49,7% en términos reales.
Regla Fiscal e Inocencia Fiscal: los otros proyectos en agenda
El proyecto de regla fiscal, que incluye condenas de prisión, obtuvo dictamen con 4 firmas en disidencia y un reclamo constante del diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, para ampliar los giros de las comisiones.
Ferraro planteó que debe involucrarse la comisión de Asuntos Constitucionales porque establece la declaración de nulidad de las leyes, algo que el Parlamento solo hizo en dos ocasiones: con la ley de Punto Final y Obediencia Debida y la Ley de Autoamnistía.
Pese a los cuestionamientos, el proyecto obtuvo incluso menos disidencias que el Presupuesto 2026. Algunos diputados consideraron que el apoyo es “simbólico” en defensa del equilibrio fiscal y algunos no descartan que durante la sesión del miércoles el proyecto caiga por falta de consenso.
La comisión que comanda Alberto Benegas Lynch, en conjunto con la de Legislación Penal que dirige Laura Rodríguez Machado, dictaminó también el proyecto de Inocencia Fiscal con 44 firmas entre ambas comisiones.
Se trata del famoso proyecto para “sacar los dólares del colchón” que el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, quiso impulsar en junio de este año.
El texto propone cambios en materia tributaria y penal fiscal: eleva los montos para la evasión, brinda mecanismos para extinguir la acción penal cuando el contribuyente regularice su situación antes de proceder a una denuncia y “blinda” el Régimen Simplificado de Ganancias para que no se puedan revisar los tres períodos fiscales anteriores del contribuyente, salvo irregularidades detectadas.
