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El Fondo Monetario Internacional (FMI) dejó plasmado en la primera revisión del programa con Argentina que el país deberá presentar una revisión integral del sistema previsional para diciembre de 2026. El organismo además anticipó que se debería mejorar su equidad y su sostenibilidad.
El Gobierno dijo que no avanzará en una reforma previsional sin antes haber concretado una reforma laboral.
En 2024, gran parte del ajuste fiscal pasó por el recorte a jubilaciones y pensiones. Según el Centro de Economía Política (CEPA), el recorte a las jubilaciones y el cambio de fórmula explicaron el 19% del ajuste del gasto, acompañado por la pérdida de poder adquisitivo de los haberes y del bono. Hacia junio, relevaron que las jubilaciones registraron una caída del 12,3% respecto del mismo mes de 2023.
Es por este efecto que tuvo sobre el recorte del gasto y por el compromiso de un superávit de 1,6% para este año que el Gobierno vetó el aumento fijo del 7%, el ajuste del bono y la reedición de la moratoria previsional.
La reforma
El FMI planteó que el Gobierno deberá presentar un diagnóstico y un reporte de la revisión del sistema de pensiones con el objetivo de mejorar la equidad y la sostenibilidad del sistema. "La iniciativa deberá simplificar el sistema hiper fragmentado y mejorar la relación de proporcionalidad entre las contribuciones y los beneficios", detallaron desde el organismo.
El Gobierno se comprometió con dicha revisión y debe presentar el reporte ante el Congreso para finales de 2026.
La discusión por una reforma previsional en Argentina es de larga data. Sin embargo, no se centra exclusivamente en un aumento de la edad jubilatoria.
El investigador principal del CIPPEC, Rafael Rofman, especialista en el sistema previsional, explicó que la reforma, antes de avanzar sobre la edad, debería apelar a unificar los regímenes.
"El sistema tiene problemas serios de equidad, de desigualdad, tiene gastos innecesarios, y además tiene problemas de sostenibilidad, lo que hace que sea muy caro", detalló el especialista.
El sistema actual cuenta con cerca de 200 regímenes de excepción distintos, que abarcan desde el Poder Judicial hasta bailarines del teatro Colón, pasando por docentes provinciales.
Cada régimen tiene distintas reglas, como años de aporte, edad mínima para jubilarse y el monto de la jubilación. Todos los regímenes de excepción tienen haberes superiores a los del régimen general.
Esta diferencia no solo encarece al sistema, explicó, sino que además dificulta la discusión pública sobre una reforma ya que alimenta la percepción de injusticia del sistema.
En materia de costo, Rofman subrayó que todo el gasto previsional asciende a 10 puntos del PBI. La mitad es explicada por los regímenes de excepción. Sin embargo, nuclean al 40% de los beneficiarios del sistema previsional.
En caso de homogeneizar todos los sistemas en el régimen general y con la percepción de la jubilación media, implicaría automáticamente un ahorro equivalente a 3 puntos del PBI.
"El sistema general argentino requiere 30 años de aportes. Eso solo lo tiene un 25% de los varones y un 15% de las mujeres. Es mucha informalidad".
Respecto de la reforma laboral como condición de una previsional, destacó que esa premisa representa una trampa al sistema. En primera instancia, porque la mayor registración implicará a priori sumar beneficiarios en el régimen jubilatorio.
Pero por otro lado, porque una reforma laboral no va a implicar que la registración pase al 100%, porque los problemas de registración en Argentina tienen más que ver con la productividad.
