La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia (CBI) busca citar nuevamente al titular de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), Sergio Neiffert, en el marco de una nueva investigación que desató el Plan de Inteligencia Nacional con destellos de espionaje interno revelado por un medio periodístico.
Según pudo confirmar El Cronista de fuentes legislativas, la comisión que dirige el senador radical Martín Lousteau acelerará una reunión en los próximos días y en el Congreso presionan para que vuelvan a citar a Neiffert, el hombre del asesor presidencial Santiago Caputo.
El funcionario ya había visitado el Anexo del Senado en septiembre del año pasado para dar explicaciones sobre el destino de los fondos reservados tras el rechazo del DNU que le había designado $100.000 millones. De ese encuentro salieron todos encantados con Neiffert, hicieron hincapié en su predisposición al diálogo y además trascendió que había sido explícito en que el espionaje interno no estaba en sus planes.
Más adelante, en octubre, mantuvieron otro encuentro para ponerlos al tanto de los lineamientos del nuevo esquema de investigación, el cual había despertado ciertos reparos de la oposición que hace tiempo trabaja desde la Bicameral en una evaluación de la reestructuración de la SIDE orquestada por DNU (614/2024). Este Plan de Inteligencia Nacional fue entonces presentado para que la Bicameral pueda seguir el cumplimiento de este, pero no se había dado a conocer ningún detalle hasta la nota del periodista Hugo Alconada Mon.
Ahora el escándalo que repercutió del artículo del diario La Nación, que se publicó el pasado domingo, impactó de lleno en la agenda legislativa. La nota expresa que el PIN desarrollado por Neiffert pone foco en los "actores" que puedan "erosionar" la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios o generar una "pérdida de confianza" en las "políticas económicas" del Gobierno, lo cual daría indicios de espionaje interno y eso es un delito según la ley de Inteligencia Nacional (25.520).
"Este es el primer Gobierno en décadas que ha tomado la decisión política de no utilizar la SIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos", defendió el comunicado de la Oficina del Presidente que desmintió la información del artículo periodístico y señala a la propia CBI como responsable de la filtración del documento secreto, ya que solo el cuerpo legislativo, el Presidente y la SIDE pueden tener acceso.
A la reactivación de la CBI también se sumó un pedido del diputado Pablo Juliano, del bloque Democracia para Siempre, para que el titular de la SIDE vaya a dar explicaciones a toda la Cámara. "Aquí no pretendemos vulnerar la ley, sino buscar llevar tranquilidad a la población de que no existe un avance autoritario en el país y no están en el mismo periodistas, opositores, economistas o partidos políticos, como lo confirmó el periodista", fundamenta el proyecto de resolución.
A la presión parlamentaria se sumó el diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot, quien recordó que ya son $33 mil millones que el Ejecutivo le giró a la SIDE en lo que va del año. Tal como contó El Cronista, estas designaciones presupuestarias se realizaron por decreto simple en dos tramos: uno de $7.100 millones en marzo (de los cuales solo $1,6 millones fueron para gastos reservados) y otros $25.000 millones a principios de mayo (de los cuales $8.000 millones son secretos). Es una cifra que, de todos modos, lejos está de los 100.000 millones que originalmente pretendieron designar en secreto.
Fuentes de la Bicameral le aseguraron a este entonces a este diario que estos aumentos iban a formar parte de la agenda de la próxima reunión, que nunca llegó. Semanas atrás, la CBI había resuelto además una citación a la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, por acusaciones de espionaje ilegal en los operativos que reprimieron las movilizaciones en las afuera del Congreso en reclamo por los jubilados. Hasta ahora, nada de esto prosperó, así como tampoco la investigación de Diego Kravetz, el "Señor 8" de la SIDE que fue apuntado por la comisión por sus antecedentes penales.
Según allegados a la Bicameral que dialogaron con El Cronista, las citaciones están demoradas porque el primero en la lista "está fuera del país": se trata de Vicente Ventura Barreiro, un exsecretario de Seguridad que fue uno de los encargados de implementar el protocolo antipiquetes de Bullrich. Con su desplazo también se llevó una denuncia de la propia ministra ante la Oficina Anticorrupción por "haber intentado interferir en un proceso licitatorio de servicios de comida para el Servicio Penitenciario Federal".
También tenían previsto pedir otra vez por Neiffert y a otros funcionarios de la SIDE de menor jerarquía. Ahora, con las alarmas sonando por la presión mediática y de la oposición por la filtración del presunto PIN, la idea es que en breve se reactive la agenda de control. Las fuentes aseguraron que la reunión sea seguramente la semana que viene, en la que entonces definirán si lo citan o no. Además de Lousteau como cabeza del cuerpo, quien le sigue en las autoridades son los kirchneristas Leopoldo Moreau y Oscar Parrilli como vicepresidente primero y secretario.
