Luego de cinco años de dormir en tribunales, arrancó finalmente un juicio oral que busca dilucidar el funcionamiento de un entramado de corrupción para encubrir la responsabilidad de uno de los dirigentes sindicales más poderosos del peronismo y su patota. Se trata del expediente que se desprendió de la investigación del asesinato del militante Mariano Ferreyra que participaba de una protesta contra la tercerización laboral en el primer gobierno de Cristina Kirchner.
El plan incluía a un exagente de inteligencia, integrantes de la Unión Ferroviaria, el estudio jurídico de un exjuez federal, empleados judiciales y miembros de la Cámara de Casación Penal. Se calcula que se pagaron al menos u$s 50.000 para frenar el proceso que terminó con la condena en 2013 del líder ferroviario José Ángel Pedraza, secretario general de la Unión Ferroviaria, y hombre fuerte del peronismo desde la época de Carlos Menem al kirchnerismo.
Casi quince años después del asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, y a cinco que se pidiera la elevación a juicio oral de la trama B de aquel crimen, arrancó finalmente el juicio oral por el intento de sobornos durante la investigación.
Ferreyra fue asesinado el 10 de octubre de 2010 mientras protestaba contra la precarización laboral en los ferrocarriles. Tres años después, la Justicia condenó a los responsables materiales de la muerte junto a los autores intelectuales, quienes ordenaron la embestida contra los militantes de izquierda que protestaban en aquella jornada fatal.
"Los cuatro imputados que llegan a juicio oral están procesados desde 2012. Pero, durante estos trece años, el proceso judicial tuvo constantes dilaciones, muchas de ellas relacionadas con que los funcionarios judiciales no estaban dispuestos a investigar el tráfico de influencias y cómo opera el poder en Comodoro Py", explicaron desde la querella, en manos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Mientras se investigaba el homicidio, se descubrió una maniobra para que la causa cayera en la Sala III de la Cámara de Casación Penal y garantizar así la impunidad de Pedraza. El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°5 resolvió el 18 de septiembre de 2020 elevar a juicio la causa que seguía el rastro de aquel plan de sobornos e influencias ilícitas en el tribunal de alzada para favorecer a los detenidos. Así y todo, aún debieron transcurrir casi cinco años para que se efectivizara el llamado a juicio oral.
El nuevo proceso involucra al exagente de la SIDE, Juan José Riquelme; el exsecretario de Casación, Octavio Aráoz de Lamadrid; el contador de la UF y número dos en Belgrano Cargas, Ángel Luis Stafforini; el prosecretario administrativo de Casación, Luis Ameghino Escobar y la directiva de Belgrano Cargas, Susana Rita Planas.
Todos ellos fueron acusados de haber participado de la maniobra para torcer el rumbo del expediente. Todos figuran imputados por tráfico de influencias agravado y cohecho activo y pasivo. Al margen de este juicio, no obstante, quedan dos de los principales protagonistas de la trama: el jefe sindical José Ángel Pedraza y Riquelme, el hombre vinculado a los servicios de inteligencia que fungió como enlace. También un tercer personaje que fue sobreseído antes de la elevación de la causa a juicio oral.
En el lapso de estos años, decenas de jueces se excusaron y la Corte Suprema demoró tres años en dirimir un conflicto de competencia, explican desde el CELS. Con todo, el juicio "llega en un contexto en donde las actividades ilegales de los operadores judiciales y la relación con los servicios de inteligencia siguen en primer plano", según la organización que representa a la madre de Mariano Ferreyra en el expediente.
Y agrega: "el Poder Judicial no parece querer ejercer un control firme ni del gobierno, ni de los espías, ni de ellos mismos. En este juicio, esperamos poner en discusión los pactos opacos que toleran, en el mejor de los casos, y habilitan, en los peores, las prácticas estatales más violentas y contrarias a la vigencia de los derechos".
En efecto, el exagente de inteligencia, Juan José Riquelme, figuraba en la elevación a juicio oral como parte de la causa pero falleció hace unos días. Acorde a los hallazgos que figuran en la instrucción, fue él quien trasladó la oferta a los dirigentes de la UF para que que la causa tramite en un tribunal "amigo" y se revoque el procesamiento de Pedraza.
Por su parte, José Pedraza estuvo procesado durante la etapa de instrucción, pero murió dos años antes de la elevación a juicio oral, en 2018, cuando ya pesaba sobre él una condena por el crimen de Mariano Ferreyra. Cumplía su condena bajo el régimen domiciliario.
Por último, el juez de la Sala III, Eduardo Riggi, fue sobreseído por el juez federal Norberto Oyarbide sin haber sido citado a declarar y pese a que las pruebas indicaban que los acusados lo visitaban y hasta lo mencionaron en repetidas conversaciones.
El fallo, que tuvo en cuenta los pedidos del Ministerio Público Fiscal -a cargo de la fiscal Paloma Ochoa- y de las querellas, da por acreditada la existencia de un plan común entre sindicalistas, funcionarios judiciales y abogados para intentar frenar el juicio por el crimen a través del pago de un soborno.
El objetivo habría sido lograr la revocatoria del procesamiento y la excarcelación de Cristian Favale, Gabriel Sánchez, Juan Carlos Pérez, Pablo Díaz, Francisco Pipitó, Jorge González y Guillermo Uño, procesados con prisión preventiva por homicidio agravado, tentativa de homicidio y coacción en la causa que investigó el asesinato de Ferreyra y las lesiones a otros manifestantes.
"Pedraza -y probablemente otros- avizoraban que resultarían vinculados al proceso de mención y, consecuentemente, ello implicaría su detención que finalmente se materializó", afirma la instrucción fechada en 2020. La causa reunió pruebas documentales, escuchas telefónicas, testimonios y secuestro de dinero, que permitieron reconstruir la secuencia de reuniones y pagos.
Para el juzgado, la evidencia exhibe un "designio común e inequívoco" orientado a comprar favores judiciales y manipular sorteos de causas, lo que justificó rechazar las oposiciones planteadas por las defensas y disponer la elevación a debate oral.
Imputados y pruebas: cómo fue el plan para encubrir el asesinato de Mariano Ferreyra
A Juan José Riquelme, exempleado de la Cámara de Casación y con vínculos personales con el juez Eduardo Riggi, se le imputa haber recibido dinero para influir sobre ese magistrado y otros camaristas. También se lo señala como intermediario entre el sindicalista José Pedraza y los operadores judiciales. El fallo menciona pagos en efectivo y la recepción de un cheque por $3.500, además de comunicaciones donde da cuenta de su contacto directo con jueces.
Octavio Aráoz de Lamadrid, abogado, habría cumplido el rol de enlace clave: su estudio jurídico fue el lugar donde se entregaron u$s 50.000 en febrero de 2011, en un sobre con su nombre, posteriormente secuestrado por orden judicial. La acusación sostiene que él mismo habría gestionado la oferta de dádivas al funcionario de sorteos para direccionar la causa hacia la Sala III de Casación, donde confiaban en obtener un fallo favorable.
Ángel Luis Stafforini, contador y vicepresidente de Belgrano Cargas, aparece como el responsable de proveer y trasladar los fondos. Fue él quien retiró dinero de una caja de seguridad en el Banco Galicia y, acompañado por la abogada Susana Planas, lo entregó en el estudio de Aráoz de Lamadrid. Para el juzgado, su papel fue central en la ingeniería financiera destinada a encubrir los egresos de la Unión Ferroviaria y la empresa.
Luis Ameghino Escobar, funcionario de la Oficina de Sorteos de Casación, está acusado de manipular el ingreso de un recurso de queja en enero de 2011 para que quedara radicado en la Sala III, en línea con el pacto espurio. Según la instrucción, informó de inmediato a Aráoz de Lamadrid del éxito de la maniobra mediante mensajes de texto.
Por último, Susana Rita Planas, abogada y directora suplente de Belgrano Cargas, acompañó a Stafforini en la entrega de los u$s 50.000 en el estudio jurídico, lo que para la fiscalía la convierte en partícipe necesaria de la operación.
El auto de elevación detalla múltiples interceptaciones telefónicas entre Pedraza, Riquelme, Stafforini y Aráoz de Lamadrid, en las que se discuten montos, plazos y contactos con jueces. En una comunicación del 24 de enero de 2011, Riquelme le dejó a Pedraza un mensaje en el contestador con la clave: "Son verdes", en alusión al dinero. Ese mismo día, Stafforini le explicó que no podía superar los u$s 50.000, pero que el sindicato estaba dispuesto a completar la suma.
El hallazgo más contundente se produjo el 1 de febrero de 2011, cuando la policía secuestró de la caja fuerte del estudio de Aráoz de Lamadrid cinco fajos de billetes de cien dólares, dentro de un sobre con la leyenda "Octavio". Para el juzgado, este hallazgo material confirmó la entrega de la dádiva y desbarató la estrategia de las defensas, que alegaban una persecución política y la inexistencia de pruebas directas.
Los imputados negaron los hechos y plantearon nulidades e inconsistencias. Riquelme argumentó que las conversaciones con jueces eran fruto de antiguas relaciones personales y que no hubo ofrecimiento de dádivas. Aráoz de Lamadrid sostuvo que desconocía la procedencia del dinero hallado en su estudio y cuestionó la validez del secuestro.
Stafforini, por su parte, minimizó su rol en Belgrano Cargas y afirmó que no actuó como recaudador. Escobar negó haber manipulado el sorteo y se presentó como un simple empleado que cumplía con su tarea administrativa. Planas, en tanto, alegó que su presencia en la entrega de dinero no probaba participación consciente en una maniobra ilícita.
Ninguno de estos planteos fue aceptado por el juzgado.
