De forma inesperada, cuando todo asomaba como un trámite sin mayores sobresaltos, el Gobierno volvió a dispararse en ambos pies. La metáfora no surgió de la oposición ni de los bloques dialoguistas, sino de la propia usina del poder libertario, incrédula frente a una votación que se creía asegurada hasta que se buscó imponer el artículo de la discordia.
Todos los votos de la noche del miércoles en Diputados se habían ganado con La Libertad Avanza y sus aliados prolijamente encolumnados, siempre por encima de las 130 manos. Todos, menos uno. El único que se perdió fue el que, políticamente, ataba todos esos compromisos a un solitario artículo que terminó empiojando la lectura posterior de la sesión para el relato libertario: el 75, del que ahora nadie se hace cargo.
“Pudimos ganar 3 a 1. Tuvimos un empate. Pero pareció que perdimos 4 a 0. No tiene sentido. Transformamos un empate con sabor a victoria en una derrota trepidante”, se lamentó un alto funcionario del Gobierno ante El Cronista. “Y encima después de todo salimos a instalar que ganamos, todo muy confuso”, añadió, todavía caliente por el desenlace.
En la agitada madrugada del jueves, el oficialismo había conseguido la media sanción del Presupuesto en la votación general y en todos sus capítulos, salvo el once. También logró aprobar con holgura el proyecto de Inocencia Fiscal y la designación de auditores, a costa de un acuerdo con el peronismo que dejó al PRO y al radicalismo completamente en off side.
Un día después, el Gobierno se alzó con el dictamen de Reforma Laboral en el Senado e incluso el de modificación a la Ley de Glaciares, donde ya introdujo algunos cambios sutiles pero de impacto legal. La pregunta que empezó a recorrer los despachos fue inevitable: ¿por qué arriesgarlo todo por dos leyes que, en la práctica, el propio Ejecutivo mantiene en el freezer?
El antecedente inmediato era conocido. El 5 de junio, la emergencia en Discapacidad obtuvo media sanción en general en Diputados por 148 votos afirmativos contra 71 negativos. Cuando el mismo recinto insistió con su ley para revertir el veto presidencial, los votos positivos escalaron a 172 contra 73, el 20 de agosto. El Gobierno atravesaba entonces meses de zozobra política que desembocarían en la derrota del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.
Algo muy parecido había ocurrido con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. El 6 de agosto sumó 158 votos afirmativos y 75 negativos; cuando la Cámara volvió a insistir, el 17 de septiembre, ganó con 174 votos contra 67. En un contexto atravesado por denuncias de corrupción, escasez de dólares y tensiones internas, los 87 héroes parecían abandonar a Leónidas a su suerte.
Así y todo, alguien creyó que era una buena idea forzar a ese mismo Congreso —aunque con otra composición— a firmar su claudicación política derogando ambas leyes en uno de esos artículos enigmáticos que esconden su verdadera razón de ser en una fórmula seca y numérica: “Artículo 75: Deróganse las leyes 27.793 y 27.795”. Todo ensamblado en un Frankenstein legislativo bajo el rótulo inocuo de “Otras disposiciones”.
“Nadie pensó que se perdía. Pensamos que estaba más firme el poroteo previo”, confesó un atónito testigo del desenlace, cuando el tablero marcó 123 votos negativos y 117 positivos. La sorpresa fue generalizada en las bancas. Algunos empezaron a poner el foco en Diego Santilli y su interminable rally de fotos con gobernadores en las semanas previas. “Quizás no fue él quien sugirió meter ese artículo y blindarlo con todo lo demás”, deslizó un interlocutor analítico ante la consulta de este medio.
Entre los artículos 66 y 78, el Gobierno había diseñado un bloque tan variopinto como frágil: cambios en subsidios de gas, nuevas reglas para compensaciones y deudas del sistema eléctrico, reasignaciones con afectación específica en minería, prórrogas, actualización por IPC de las prestaciones básicas de atención integral para personas con discapacidad, pensiones no contributivas y emergencia sanitaria. Todo junto, todo atado, todo a suerte y verdad.
Como si no alcanzara, el oficialismo propuso sumar en el recinto un artículo para garantizar el pago de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, conforme a la demanda impartida por la Corte Suprema, con la intención explícita de atar al PRO. También se incorporó un jugoso fondo de $21.000 millones para el Consejo de la Magistratura, un gesto preventivo para que ningún juez se animara a declarar la norma inconstitucional.
En ese órgano, como ocurriría más tarde con la designación de auditores, una banca quedó en manos de un karinista (Gonzalo Roca) y la otra de una cristinista (Anabel Fernández Sagasti). La propia jugada de la AGN disparó todo tipo de suspicacias. En las propias bancas libertarias había caras desorientadas, particularmente entre los recién llegados, que no entendían por qué el PRO y la UCR abandonaba el recinto mientras ellos permanecían para votar al trío de auditores junto con Unión por la Patria.
“Ahora”, le había ordenado Martín Menem al jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, para que pida la palabra. Silvana Giudici, la secretaria parlamentaria de LLA, había corrido la voz en el bloque para que todos estén atentos a la moción que se iba a introducir. Se especulaba que fuera para levantar la sesión porque nadie había comunicado lo que seguiría a continuación. Otra jugada entre gallos y medianoche que algunos atribuyen a un acuerdo en lo más alto del Triángulo de Hierro.
Así y todo, se impuso la lectura de una derrota política se impuso al día siguiente. Y en la Casa Rosada, la pelota empezó a rebotar de despacho en despacho. No faltaron los que apuntaron por elevación contra los Menem y su control quirúrgico de la Cámara de Diputados. Otros eligieron el silencio. Al final del día, la conclusión fue amarga y compartida: se trató de una responsabilidad colectiva.
La pregunta clave —si estaban o no los votos para el artículo 75— quedó respondida por los hechos. La decisión de condicionar intereses diversos en una votación a todo o nada por artículo fue la prueba más clara de que no. Se jugó sobre el fleje y la pelota terminó picando afuera de la cancha. Aunque nadie se haga responsable.
En la reunión de la mesa política en Casa Rosada, Luis Caputo buscó desactivar el mal humor: “Me dicen que hay que revisar el Presupuesto pero la realidad es que a mí las acciones me suben y el Riesgo País me baja”. Otro dato concreto: el Presupuesto 2026 se aprobó con todas las previsiones de una inflación del 10% y un dólar a diciembre en $1432, ni eso se modificó.
Los negociadores pusieron, no obstante, el foco en los votos de los gobernadores aliados que separaron algunas fichas propias para colocarlas en los casilleros del rechazo o la abstención. Tucumán, Catamarca, Salta, Neuquén, Chaco, Entre Ríos y Corrientes quedaron rápidamente bajo la lupa. Sin embargo, no hubo clima —al menos compartido— para romper lanzas. Todos saben que la negociación continúa: el partido de las extraordinarias no terminó y todavía quedan reformas por aprobar.
En ese marco, algunos alfiles del oficialismo buscaron matizar responsabilidades. Aseguran que hay que diferenciar entre los gobernadores que pudieron haberse comprometido a algo y luego jugaron a dos puntas, y aquellos que, sencillamente, tienen una influencia limitada sobre sus diputados y diputadas.
“Fue indignante porque en el proyecto de Presupuesto no estaba. Este artículo apareció 48 horas antes de empezar la discusión en la Comisión. Querer incluir la derogación de estas leyes en un artículo y que aparezca solapadamente horas antes de tratarse fue malo”, disparó el diputado Pablo Farías en una entrevista en LT9, pocas horas después del traspié.
Si bien Provincia Unidas había promovido su propio dictamen, a la hora de la verdad no se opuso: se abstuvo en la votación en general del Presupuesto. De igual forma, muchos de los aliados de LLA eligieron acompañar en lo general, pero rechazar o no tomar partido en el capítulo 11 en particular.
Cuentan que en el grupo de WhatsApp que comparten los diputados de La Libertad Avanza abundan los emoticones y escasean las opiniones políticas. No hay debate. Tampoco circulan ideas ni reflexiones estratégicas. Algunos lo describen como una sobredosis de emotividad. Quizás por eso el silencio de cementerio que se impuso en las horas posteriores a la sesión resultó tan elocuente como incómodo.
“Es la quinta vez que aprueban esas leyes. Ya tenemos la cara llena de dedos —admitió un referente del espacio libertario en diálogo con El Cronista—. No tiene sentido insistir. Hay formas administrativas de desactivarlas a ambas”. El plan oficial es recuperar parte de lo perdido en ese Capítulo 11 mediante decretos y leyes alternativas, para no demorar más de la cuenta el trámite del Presupuesto y aprobarlo el viernes 26 junto a Inocencia Fiscal, tal como llegó de Diputados.
Incluso evalúan colar algunas de esas nuevas leyes en la próxima etapa de extraordinarias, aunque sin apuro. “Si no quedarán para el resto del año”. Si bien había interés en pasar algunas de las medidas comprendidas en el capítulo, otras responden más a negociaciones, como blindar el goteo diario de la Coparticipación para CABA que era un pedido del PRO.
Con todo, hay una línea clara que bajó desde lo más alto del poder. Si fracasa el plan de Patricia Bullrich de aprobar el Presupuesto sin modificaciones el próximo viernes 26, deberán garantizar pasajes y presencias en Buenos Aires el lunes 29, con el objetivo de sesionar al día siguiente, martes 30, al filo del vencimiento del plazo de extraordinarias. El Gobierno necesita cerrar 2025 con una victoria política. Aunque sea mínima. Aunque sea sin épica.
