Una encuesta preguntó por los vetos de Milei: cuál tiene más apoyo y el que genera más rechazo

El Gobierno afronta este miércoles una jornada clave y de suma delicadeza en el Congreso. La oposición volverá a insistir en Diputados con las leyes que vetó el presidente Javier Milei, con el objetivo de torcerle el brazo al oficialismo nacional.

Las iniciativas de la polémica son las siguientes: Ley de Recomposición del Salario de los Jubilados -junto a la restitución de la moratoria previsional- y la Ley de Emergencia en Discapacidad y Bahía Blanca, entre otras.

El Gobierno tiene toda la atención puesta en lo que suceda ya que, si la oposición obtiene media sanción en la Cámara Baja, el Senado podría ir a una sesión este mismo jueves o, a más tardar, la semana que viene, según adelantó El Cronista.

Si el Congreso rechaza los vetos de Milei, la única vía que le queda al Gobierno es ir a la Justicia -apelando sobre el financiamiento de los proyectos-. Las leyes, según explicó el mandatario, buscan "destruir el equilibrio fiscal", pero si tienen la aprobación de ambas cámaras no habrá vuelta atrás en cuanto a la legislación.

El oficialismo recién podría volver a discutir los proyectos cuando se reconfigure el Congreso, tras las elecciones de octubre. "Ven que el Gobierno está fuerte en el consenso popular para las elecciones y quieren horadar", aseguró el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en diálogo con Radio Mitre.

Sobre los vetos de Milei y la polémica que desataron, la consultora Synopsis, que dirige el politólogo Lucas Romero, realizó una encuesta que reveló un dato categórico: la mayoría de la ciudadanía no está de acuerdo con el rechazo a los proyectos de financiamiento. Solo 3 de cada 10 personas consultadas se mostraron de acuerdo con las decisiones del jefe de Estado.

Encuesta: cuál es el veto de Milei con mayor apoyo y cuál es el más reprobado

El relevamiento, del que participaron 1190 personas a nivel nacional, bajo una modalidad online, evaluó -entre el 11 y 16 de agosto- cuál es la percepción sobre la resolución de Milei de vetar proyectos clave para distintos sectores.

Respecto a la Ley de Recomposición del Salario de los Jubilados, la cual permitiría otorgar un aumento del 7,2% a los adultos mayores y un incremento para el bono -pasaría a $ 110.000-, el 68% de los encuestados considera que no vetaría este proyecto. En cambio, solo un 27,2% de los participantes estuvo de acuerdo con la decisión presidencial.

Por su parte, el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, proyecto que busca regularizar pagos, actualizar aranceles para los prestadores de servicios y cumplir con el cupo laboral, entre otras cuestiones, fue la que más rechazo tuvo entre los participantes: 8 de cada 10 personas (74,5%) no comparten esta decisión, mientras que solo el 21,3% se mostró conforme con la medida.

Otra de las preguntas que realizó Synopsis se vinculó a la Ley de Financiamiento Universitario, iniciativa que busca recomponer los salarios y actualizar el presupuesto. En este caso, el 33% de los encuestados está de acuerdo con el veto de Milei, mientras que el 62,1% no está conforme con la decisión.

Por último, la percepción pública sobre la Ley de Emergencia Pediátrica, cuyo objetivo -entre otras cosas- es reforzar el destino de fondos para el funcionamiento del Hospital Garrahan, también recibió un rechazo categórico: el 68,5% no está de acuerdo con el veto. En tanto, solo el 25,9% comparte la decisión del Ejecutivo.

Jubilaciones y Discapacidad: el impacto fiscal si el Congreso revierte los vetos de Milei

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó cuál sería el impacto fiscal si se revierte el veto sobre el aumento a las jubilaciones y pensiones, que además incluiría un incremento sobre el bono para los adultos mayores que perciben la mínima.

"El costo fiscal del aumento del 7,2% es de $ 1.673.494 millones (0,20% del PIB) para lo que queda del año y asciende a $ 3.402.182 millones (0,41% del PIB) anualizado. En lo que respecta al aumento del bono a $ 110.000, el costo sería de $ 1.015.676 millones (0,12 % del PIB), con un costo anualizado estimado en $ 3.136.117 (0,38% del PIB)", precisó el organismo en un documento.

En tanto, la Ley de Emergencia en Discapacidad tendría un costo fiscal que oscila entre 0,28% a 0,51%del PBI, contemplado por:

• Nuevas altas de la Pensión por Discapacidad: estiman un aumento de entre 493 mil y 946 mil nuevos beneficiarios. Considerando la aprobación reciente de suba de haberes previsionales, este costo se estima en un rango de $ 2 billones (0,25% del PBI) y $ 4 billones (0,48% del PBI).
• Incentivo a la contratación: la exención del 50% de las contribuciones patronales por la contratación de nuevos trabajadores con discapacidad representa, según así lo evaluó la Oficina de Presupuesto, un costo fiscal por menor recaudación (gasto tributario) de $ 12.600 millones, lo que equivale a un 0,0015% del PBI.
• Compensación de emergencia a prestadores: calculan un gasto por única vez de $ 278.323 millones (0,03% del PBI) para compensar a los prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas.
• Actualización de asignaciones a Talleres Protegidos: el costo adicional por la actualización del estímulo económico para trabajadores de Talleres Protegidos de Producción asciende a $ 7.160 millones (0,0009% del PIB).