

La Justicialanzó un nuevo fallo contra el Estado nacional en el marco de las distintas causas locales contra la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por las auditorías que llevaron a que miles de pensionados dejaran de cobrar su pago de ANSES.
Desde el Gobierno de Alberto Fernández y con más énfasis aún durante el mandato de Javier Milei, ANDIS lleva adelante distintos relevamientos que exige a los titulares de PNC por Discapacidad presentar certificados que avalen su incapacidad física o mental.
De esta forma, miles de argentinos perdieron su cobro y en las distintas provincias se fueron dando causas judiciales de distintos organismos e incluso impulsadas por los Ejecutivos locales para recuperar el pago de esas pensiones.
¿Cómo fue el nuevo fallo de la Justicia contra el Gobierno?
La Justicia Federal de San Rafael aplicó una sanción contra ANDIS y ANSES por no restituir pensiones no contributivas por invalidez laboral en Mendoza, a pesar de que en otras provincias ya se habían reactivado.
El fallo obedece a una medida cautelar presentada por un sanrafaelino con discapacidad, que había sido suspendido del programa social sin auditoría previa.

En esta línea, hace casi dos meses, el tribunal ya había ordenado el restablecimiento inmediato del pago de la pensión. Sin embargo, ante el incumplimiento de los jueces Damián Bernales y Marcelo Garnica impusieron una severa multa diaria:
ANSES deberá pagarle $ 15.000 diarios al beneficiario hasta que se efectivice el cumplimiento.
El caso expuso graves irregularidades: la suspensión se realizó sin acto administrativo ni notificación adecuada. El afectado nunca recibió la citación para la auditoría médica, lo que le impidió ejercer su derecho a defensa y presentar la documentación que avala su condición.
La decisión de ANDIS y ANSES sobre las pensiones no contributivas
En este caso, en particular, el demandante había sido notificado de la decisión de ANDIS en su lugar residencia, al que no le llegó la citación para la auditoría por supuestas "inconsistencias en los datos domiciliarios".
De haber recibido la citación, el hombre con discapacidad alegó que hubiese podido presentarse al turno con la documental que avala su pensión no contributiva.
ANSES presentó distintos recursos, que fueron desestimados, y la Justicia la intimó a dar cumplimiento con la orden judicial "bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias, pecuniarias y compulsivas, por día de retraso y en favor de la actora".
De esta manera, ambos organismos públicos nacionales recibieron el revés judicial y se verán obligados a pagar nuevamente la PNC a este prestatario junto con el retroactivo.
Auditorías a pensionados: se suman más casos contra ANSES y ANDIS
Durante octubre, se sumaron nuevas demandas en Mendoza por la suspensión arbitraria de pensiones no contributivas. Uno de los casos fue presentado por un hombre con VIH, asesorado por el Ministerio Público de la Defensa local.

La pensión era su único ingreso y fue suspendida sin acto administrativo fundado ni citación médica. Al intentar recuperar el beneficio, se le indicó que debía solicitar otra pensión bajo la Ley 27.675, destinada a personas con VIH, hepatitis B o C en situación de vulnerabilidad.
Pese a que inició el trámite, todavía no se le concedió la nueva prestación y así, este mendocino quedó sin ingresos ni cobertura, ya que su PNC se encuentra suspendida.
Ante la falta de respuesta de ANDIS, el Ministerio Público de la Defensa envió un emplazamiento para reactivar el beneficio en 48 horas y fijar una auditoría médica. Al no obtener respuesta, se inició el proceso judicial correspondiente.
Otro caso relevante es el de una mujer con cardiopatía congénita, cuya pensión fue suspendida en junio. La beneficiaria asegura que nunca fue convocada para la auditoría, a pesar de haber solicitado información por correo electrónico. La suspensión también implicó la pérdida de cobertura médica de Incluir Salud.
La demandante explicó que el beneficio representa cerca del 70% de una jubilación mínima, un monto que apenas cubre necesidades básicas como alimentación, vestimenta y cuidados. Su discapacidad le impide trabajar, por lo que depende completamente de la pensión.















