La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) otorgó el miércoles a las empresas que cotizan en bolsa una nueva y poderosa herramienta para frenar las demandas de los accionistas, mientras su presidente Paul Atkins prometió "hacer que las OPIs vuelvan a ser grandes".
El regulador señaló que ya no bloqueará a las compañías de los mercados públicos si prohíben a los accionistas presentar demandas colectivas, rompiendo con una política de décadas en un intento por aliviar los requisitos de cumplimiento y cumplir con la agenda de desregulación del presidente Donald Trump.
La nueva norma, que permite a las empresas cotizadas exigir el arbitraje en los reclamos de los accionistas, trasladaría las disputas fuera de la exposición pública del sistema judicial. La comisionada Hester Peirce, al apoyar el cambio, afirmó que "el mercado hará un mejor trabajo que nosotros en evaluar" su uso.
Atkins se comprometió a convertir las ofertas públicas en "una propuesta atractiva para más empresas, eliminando requisitos de cumplimiento que no ofrecen una protección significativa a la inversión, minimizando la incertidumbre regulatoria y reduciendo la complejidad legal en todo el reglamento de la SEC".
Agregó que los próximos pasos de la agencia incluirían más apoyo a las empresas recién listadas o más pequeñas, así como "ampliar la capacidad de las compañías que ya cotizan en bolsa de acceder fácilmente a los mercados públicos para recaudar capital adicional". La SEC preparará recomendaciones sobre cada uno de estos temas, añadió.
Las medidas se producen en un contexto en que los reguladores designados por la administración Trump adoptan una postura más favorable a las empresas, retrocediendo en materia regulatoria y en las estrictas agendas de aplicación que se habían establecido bajo el expresidente Joe Biden.
Legisladores demócratas y grupos de defensa de los inversionistas han encendido las alarmas sobre la limitación de la capacidad de los accionistas para demandar a las compañías. Los senadores demócratas Elizabeth Warren y Jack Reed advirtieron en una carta a la SEC que esto "sería un error significativo, poniendo en riesgo a los inversionistas y a los mercados".
Los defensores de los accionistas sostienen que esto podría reducir la transparencia y desplazar el equilibrio de poder hacia las corporaciones, de manera que socave los beneficios que históricamente han atraído a los inversionistas hacia los mayores mercados de capital del mundo.
El cambio de política, sin embargo, no abriría de inmediato la puerta al uso generalizado del arbitraje obligatorio. El estado de Delaware, donde están constituidas la mayoría de las empresas públicas estadounidenses, prohíbe específicamente el uso del arbitraje en reclamos federales de valores.
Pero Delaware también compite por la supremacía con estados rivales como Texas y Nevada, a donde un número creciente de compañías se ha trasladado en los últimos años.
Las empresas que cotizan en EE.UU. pagaron un total de U$S 3.700 millones en acuerdos por demandas colectivas de valores en 2024, según un recuento de la Facultad de Derecho de Stanford y Cornerstone Research. El número de acuerdos ha oscilado entre un mínimo de 72 y un máximo de 105 en la última década, con pagos totales a los accionistas que han variado entre U$S 1.900 millones y U$S 7.400 millones.
La comisionada de la SEC Caroline Crenshaw, designada por los demócratas y opuesta a la nueva política, contrastó las sumas obtenidas por los accionistas a través de demandas colectivas con la cantidad devuelta a los inversionistas afectados como resultado de las acciones de cumplimiento de la propia agencia, que totalizaron U$S 345 millones el año pasado. Algunas compañías preferirían el arbitraje obligatorio, señaló, porque "preferirían quedarse con sus ganancias indebidas".
