Europa anunció las bondades del nuevo sello verde de la Unión Europea (UE) que comenzará a regir a partir de julio. El objetivo es unificar los criterios de etiquetado ecológico. El uso del logo, denominado “eurohoja será obligatorio. Consiste en una etiqueta verde con las estrellas blancas de la UE, repartidas en forma de hoja de árbol. Los consumidores podrán reconocer así los productos ecológicos hechos en la UE. Junto a la etiqueta se podrán colocar otros distintivos de carácter privado, regional o nacional. Los productos deberán llevar el nombre del último operador que lo gestionó, así como el nombre y el código del organismo de inspección.
Por ahora este etiquetado se aplicará sólo a los productos que quieran llamarse ecológicos o afines, nombres tales como: ecológico, bio o eco, incluyendo el uso de estos nombres en marcas registradas, en el etiquetado o en la publicidad.
Estos productos deben garantizar, como mínimo, que un 95% de sus ingredientes se han elaborado de manera ecológica; que cumplen con las normas del plan de inspección oficial; que provienen de forma directa del productor o distribuidor en un envase sellado; que no contiene organismos modificados genéticamente a no ser que estos se hayan incorporado al producto de manera no intencionada y que su proporción en el ingrediente sea menor del 0,9%. A los operadores que no cumplan con los requisitos, se les podrá retirar su certificación.
Pero, esto generará competencia entre productos ecológicos y lo que no lo son, lo que afecta directamente a nuestra región. Como en el caso de materias primas agrícolas en las que se debe aclarar si el producto es de la UE o no, o si se produjeron en otros países cumplir con los mismos controles y especificaciones que los de la UE. Para destacar: la misma UE controlará a los organismos de control locales.
Esto es, lisa y llanamente, dumping comercial, sobre todo hacia Argentina que tiene su economía basada en productos agrícola-ganaderos y que difícilmente, por una cuestión de tecnología, distancia y costos, pueda cumplir con esos requisitos. La frase principal que guía la comercialización de estos llamados productos ecológicos afirma que el etiquetado le asegura al consumidor alimentos frescos, sabrosos y auténticos, al tiempo que respeta los ciclos vitales de los sistemas naturales. Es decir, alimentos de temporada y producidos lo más cerca posible de los consumidores. Así, tanto la región como Argentina, quedan afuera del juego.
Los productores que quieran reconocer sus alimentos como ecológicos tienen que cumplir requisitos, como la rotación de cultivos, la limitación muy estricta en el uso de pesticidas y fertilizantes sintéticos, antibióticos para ganado, aditivos y similares, la prohibición del uso de organismos genéticamente modificados o el aprovechamiento de los recursos locales, como el estiércol para la fertilización o alimentos para el ganado producidos localmente. Además, deben utilizar especies adaptadas a las condiciones locales, criar ganado en zonas al aire libre y con alimentos naturales, formar parte de una cadena de suministro ecológica o usar semillas producidas de forma ecológica. Así, la mayor parte de los métodos de producción usados en la Argentina, como soja transgénica, la carne vacuna de feedlots y los pollos de frigorífico quedan afuera. No es que las propuestas no sean ambientalmente razonables, deben tener una mirada integral hacia el desarrollo sustentable, esto es, tener en cuenta variables sociales y económicas.
Estamos frente a una nueva forma de proteccionismo. Mientras la Ronda de Doha, sigue hablando de liberar tarifas y aranceles, sobre todo a los productos agropecuarios-ganaderos, la UE se las ingenia para conseguir un nuevo modelo, políticamente correcto y en línea con la conciencia del consumidor, para evitar que los países periféricos puedan mejorar su estándar de vida. Es fundamental aprovechar los ámbitos internacionales, como el G20 y las COPs, donde la Argentina tiene sillas, para empezar a pensar en formas alternativas de defensa de las reservas ambientales. Podríamos comenzar con desarrollar un sistema de valuación de nuestros activos ambientales, hoy explotados por empresas en su mayoría no Argentinas, para compensar las pérdidas comerciales-económicas que estas nuevas modalidades van a generar en nuestro el desarrollo sustentable.
