El Grupo de Puebla, que el fin de semana reunió a cerca de 30 líderes políticos de 12 países en Buenos Aires, que actúan a título personal sin representación institucional alguna, y que abrevan en distintas vertientes del progresismo de América latina, dio a conocer un comunicado en el que expresaron su preocupación por los recientes hechos que tienen en vilo a la región.

El manifiesto fue escrito y redactado por segunda vez a última hora del domingo a causa del golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia. El texto planteó una enérgica condena al quiebre del estado de derecho en ese país, a la violencia generada y reclama el restablecimiento del orden constitucional.

Durante la tarde, el dirigente chileno Marco Enriquez Ominami, la colombiana Clara López Obregón y el ex jefe de la Casa Civil brasileña Aloizio Mercadante habían ofrecido a la prensa el informe final. Allí se hizo hincapié en la victoria de Alberto Fernández en la Argentina como catalizador de este espacio cuyo objetivo es desarrollar estrategias regionales para el avance de los partidos de izquierda y centroizquierda en la región.

Expresaron también su predisposición a colaborar para dejar atrás los hechos de violencia vividos en Chile, Ecuador y Haití en las últimas semanas. Aunque dejaron bien claro que el grupo será riguroso en el principio de autodeterminación de los pueblos y en la no ingerencia extranjera en los procesos políticos de cada país.

En el caso de Chile y Ecuador anunciaron que intentarán alguna forma de contacto tanto con el gobierno de Sebastián Piñera como con el de Lenin Moreno para interceder de alguna forma en el proceso de pacificación de ambos países.

Uno de los puntos más controvertidos del documento proclama una condena a llamado “law fare o “guerra jurídico – mediática que -sostienen- en distintos países, sobre todo en Argentina, Brasil y Ecuador, se lleva adelante contra los dirigentes progresistas de la región. Al respecto señalaron que profundizarán su estrategia de conformar una organización de juristas para defender a los perjudicados, entre ellos al recientemente liberado Luiz Inácio Lula da Silva.

Otro punto central de la declaración tuvo que ver con la defensa del derecho humano universal a la migración que “no debe ser un problema de seguridad sino que debe regirse por el principio de solidaridad . También se resaltó el avance del movimiento feminista en en la región.

Respecto de Venezuela, rechazaron la invocación del TIAR -el tratado de defensa continental- para la solución de la crisis y abogaron por una solución negociada a los problemas en ese país.

Finalmente anunciaron la creación de un “think thank propio al que denominaron Centro de Estudios Marco Aurelio García, desde donde intentarán influenciar y congregar a las distintas vertientes de la izquierda latinoamericana.

De este espacio participan ex presidentes latinoamericanos, como Dilma Rousseff, Lula Da Silva, Ernesto Samper, Fernando Lugo, Rafael Correa, Pepe Mujica y el actual presidente electo argentino, Alberto Fernández.