La Justicia rechazó el pedido de prisión preventiva para seis ejecutivos de Vicentin, en el marco de la causa por presunto delito de estafa y defraudación en la que fueron imputados también otros nueve directivos de la agroexportadora.
El juezpenal de Primera Instancia del Distrito N° 2 de Rosario, Román Lanzón, no hizo lugar al planteo que realizóla fiscalía de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de Santa Fe, a cargo de Miguel Moreno, ya que entendió que no hay pruebas suficientespara ordenar la detención.
Consideró que no existe un peligro de fuga ni tampoco un entorpecimiento de la investigación por parte de los acusados de haber confeccionado balances contables anuales y trimestrales, correspondientes a los períodos 2017 y 2018, para difundir información económica-financiera falsa de la compañía y así alterar su verdadero pasivo.
No obstante,el magistrado dio lugar a otras medidas cautelares sugeridas por el fiscal.En este sentido, estableció la prohibición de salir del país para todos los imputados, quienes ya debieron desprenderse de sus pasaportes.
Asimismo, les impuso la presentación de un seguro de caución de u$s 10 millones a los directivos para los que la fiscalía pidió la detención: el actual presidente y ex síndico Omar Scarel y los ejecutivos Alberto Macua, Daniel Buyatti, Miguel Vallaza y los hermanos Roberto y Javier Gazze, al mando de la cerealera cuando entró en defaulten diciembre de 2019. El precio de la garantía es el doble de lo que ofrecieron sus abogados originalmente (u$s 5 millones). Deberá efectivizarse antes del 10 de noviembre.
El fallo tuvo lugar en la segunda audiencia imputativa, que comenzó a las 8 horas de esta mañana y se extendió hasta hace unos minutos. El proceso judicial había entrado en un cuarto intermedio el martes, cuando se desarrolló la primera cita en los tribunales rosarinos.
Allí, los abogados de los directivos involucrados en el caso solicitaron tiempo hasta este jueves para preparar la defensa, tras recibir en la madrugada del mismo día de la reunión una carpeta con 36 millones de archivos electrónicos con el contenido de las acusaciones.
Desde el entorno de la empresa, se mostraron conformes con los resultados de la audiencia y señalaron que, superada esta instancia, continuarán enfocados en la búsqueda de una salida consensuada del concurso, en el que la compañía declaró una deuda superior a u$s 1570 millones con más de 1000 acreedores comerciales y bancarios.
En esta línea, destacaron que siguentrabajando en el armado de la propuesta concursal, "manteniendo conversaciones con los posibles inversores estratégicos". El directorio busca arribar a un acuerdo antes del 16 de diciembre, fecha en la que vence el período que la Justicia le otorgó, a raíz del pedido de extensión que solicitó.
Aunque logró acercar posiciones, todavía falta avanzar en las conversaciones con los involucrados.Es que, de acuerdo a los mismos directivos, "la recepción, hasta el momento, fue cauta". "Aún la propuesta que comunicamos recientemente no fue presentada en el expediente. Está en construcción", afirmaron.
En la previa al inicio del proceso judicial, parte de los directivos apuntados dialogaron con El Cronista y aseguraron que "sería muy grave que se les aplique una prisión preventiva, dado que la medida denotaría intencionalidad", a menos de dos meses del que la firma tiene para llegar a un acuerdo con sus acreedores y así evitar la quiebra.
Entre los alegatos, los representales legales deVicentin plantearon que los directivos colaboraron en todo lo que se les solicitó durante este tiempo, que viven hace 30 años en el mismo domicilio y que el "desmedido" pedido del fiscal significa "una condena anticipada" en un momento en el que el proceso está recién en instancia imputativa.
Por su parte, el fiscal consideró que el estrés financiero que comunicó hace casi dos años la empresa fue "el desenlace de un deterioro que se venía gestando desde principios del año anterior". Entre las pruebas presentadas, se encuentran escuchas telefónicas post concursales que, de acuerdo a Moreno, buscaban adulterar los trámites judiciales.
Según expuso, el supuesto ocultamiento de la situación quedó en evidencia por la notable diferencia que existió entre los números que mostró Vicentin entre julio y octubre de 2019. "En tan solo tres meses, la compañía pasó de exhibir una posición en granos de u$s 455 millones a u$s 30 millones. Al mismo tiempo, la deuda comercial en ese período pasó de u$s 32 millones a u$s 571 millones", expresó. Esta causa penal fue iniciada el año pasado por acreedores financieros y comerciales, que denunciaron una estafa por más de u$s 500 millones y maniobras en la compra de granos mediante la modalidad 'a fijar', que, según lo indicado, le permitía a la compañía diferir los pagos. Entre los denunciantes, figuran acreedores de peso, como la corredora Grassi y cinco bancos internacionales y uno local: a la Corporación Financiera Internacional, del Grupo Banco Mundial (IFC), el Banco de Desarrollo controlado por el Estado holandés (FMO), ING, Rabobank, Natixis y Credit Agricole, se sumó como querellante Banco Macro. Este último, junto a Grassi, apoyó el pedido del fiscal. La reacción del Banco NaciónLa causa fue iniciada por acreedores financieros y comerciales, que denunciaron una estafa por más de u$s 500 millones.
"Se dijo que el Gobierno quería intervenir, que atentó contra la propiedad privada. Lo que verdaderamente pasó es que hubo una afectación de la propiedad privada de los ahorristas, la estabilidad del empleo de las empresas involucradas y el patrimonio de los acreedores y del Banco", consideró.
"Los mismos que consumaron un fraude y se quedaron con una enorme cantidad de dinero están viendo como siguen adelante. No lo vamos a aceptar", enfatizó en relación a la negociación para resolver el concurso. En este sentido, comentó que la salida implicaría la necesidad de un acuerdo más amplio que contemple las verdaderas necesidades de los acreedores, sin la presencia de los responsables que llevaron a la empresa a la cesación de pagos.
