Grupo Concesionario del Oeste (GCO) informó este lunes al mercado local haber sido notificado de una medida cautelar dispuesta por la Justicia argentina que le ordena abstenerse de continuar el proceso iniciado contra el Estado nacional ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de Paris (CCI).
La medida fue dispuesta por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal 7, en la causa iniciada por Vialidad Nacional contra GCO y Autopistas del Sol, las empresas en las que el grupo español Abertis tiene bajo su administración las concesiones de Autopistas del Oeste y Autopistas del Sol.
Allegados a la causa no dudan de habler de "escándalo de dimensiones importantes" ya que "deja muy mal posicionada a la Argentina", en un contexto en el cual afronta importantes reclamos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y en el que el actual Gobierno pretende generar nuevas inversiones a través del Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI).
La suspensión de audiencias
Según esas mismas fuentes, la Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra, "bloquea un mecanismo de resolución de conflictos como lo es el arbitraje en el CCI, que es una de las disposiciones que el régimen RIGI propone para atraer inversiones a partir de la Ley Bases, pero que ahora es cuestionado por uno de los organismos del Estado", se explicó de fuentes conocedoras del caso.
Dicha medida implicó, en la práctica "la suspensión de las Audiencias de Prueba" que se desarrollarían en Buenos Aires desde hoy hasta el jueves próximo, con la presencia de los árbitros que son residentes en el exterior y ya se encontraban en el país, "dilapidando los esfuerzos técnicos y económicos que se estaban realizando", agregaron las fuentes.
El paquete accionario de GCO hoy está conformado en un 42,8% por la firma Acesa, una empresa del grupo español Abertis como principal participante; un 20,1% de la malaya IJM de Corporation Berhad; un 5,7% de un fideicomiso de administración y 31,3% de oferta pública.
Abertis tiene un reclamo de u$s 300 millones ante el Ciadi por la rescisión de la Autopista del Oeste y de Autopista del Sol, en la que también es accionista principal. Por su parte, IJM Corporation Berhad también exige u$s 50 millones en el tribunal del Banco Mundial.
La medida cautelar
En ese proceso, la Justicia le ordenó a GCO "abstenerse de continuar impulsando el procedimiento arbitral" que lleva adelante el grupo concesionario desde fines de 2022 contra la Argentina, "hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el proceso judicial antes referido".
La medida cautelar dispone la suspensión provisoria de los efectos del artículo décimosexto (Arbitraje) del Acuerdo Integral de Renegociación Contractual del Contrato de Concesión del Acceso Oeste aprobado por el Decreto 608/2018.
A la vez, ordena al concesionario abstenerse de continuar impulsando el procedimiento arbitral "hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el proceso judicial", medida cautelar que fue dictada a pedido de la Dirección Nacional de Vialidad, cuando estaba por celebrarse en la Ciudad de Buenos Aires la audiencia de prueba del procedimiento arbitral.
El grupo empresarial consideró en su declaración al mercado que la medida dispuesta constituye la suspensión del procedimiento arbitral iniciado por GCO ante la CCI, conforme lo acordado contractualmente con el Estado argentino en el Acuerdo Integral de Renegociación, a la vez que profundiza la severa afectación de los derechos de la Sociedad y de sus accionistas.
Si bien la medida cautelar no se encuentra firme, el GCO informó haber procedido a "darle cumplimiento, a fin de evitar daños mayores" para la compañía, aunque consideró que este tipo de medidas "generan un impacto negativo para la seguridad jurídica y los derechos de los inversores, al desconocerse compromisos oportunamente asumidos" por el país.
Una larga conflictividad
Las disputas entre el Estado nacional y el concesionario de los dos mayores accesos a la ciudad de Buenos Aires se remontan a 2002 con el dictado de la Ley de Emergenciay salida de la Convertibilidad que pesificó las tarifas, tras lo cual recién en 2006 se llegó a un acuerdo parcial de renegociación entre las partes.
La empresa denunció oportunamente nuevos incumplimientos de ese acuerdo, hasta que en 2018 la administración nacional finalizó una renegociación arribando a un "Acuerdo Integral" (AIR) que puso fin a los incumplimientos de la Argentina de más de quince años, y permitió dar de baja el juicio en el CIADI que había iniciado Abertis, uno de los accionistas internacionales de GCO.
Aquel Acuerdo Integral implicó "quitas" que oportunamente se estimó que el monto reclamado se redujo en una tercera parte aproximadamente, y con un plazo de cobro de varios años.
Finalmente en 2022, ya bajo la gestión del expresidente Alberto Fernández, el Estado Nacional dictó un Decreto para iniciar un juicio de lesividad e "intentar" declarar la nulidad del Acuerdo Integral y estatizar la gestión de la autopista, a lo que la empresa GCO recurrió a las instancias previstas en el Acuerdo Integral e inició el Arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional.
