Los cambios de régimen económico rara vez modifican todas las expectativas al mismo tiempo. Algunas reaccionan rápido: los activos se revalorizan, cambian las decisiones de portafolio, aparecen proyectos de inversión y ciertos sectores comienzan a expandirse.
Otras necesitan más tiempo. Contratar personal, ampliar una empresa, invertir en bienes durables o asumir una deuda de largo plazo exige un grado de confianza mucho mayor. Por eso, el punto no es sólo que las expectativas empiecen a cambiar, sino que ese cambio se vuelva suficientemente amplio como para alcanzar al conjunto de la economía.
El Gobierno empieza a exhibir varios de los resultados que se propuso alcanzar al inicio de la gestión. La inflación luce contenida, el equilibrio fiscal se mantiene, el riesgo país volvió a niveles que parecían inalcanzables hace apenas un año y algunos sectores de actividad muestran una recuperación significativa.
El Banco Central, además, acumula reservas y las exportaciones crecen con fuerza. Desde esa perspectiva, resulta lógico que el oficialismo transmita la idea de que el cambio de régimen ya ocurrió.
Sin embargo, esa transformación convive con otra realidad. Una parte importante de los hogares y de las empresas todavía describe una economía muy distinta. Los ingresos siguen ajustados, el empleo privado continúa mostrando debilidad y muchas familias aún no encuentran razones para aumentar el gasto, desahorrar o asumir nuevos compromisos financieros. No necesariamente una de estas dos visiones es correcta y la otra equivocada. Reflejan, más bien, distintas velocidades de adaptación al mismo proceso.
La estabilización y la recuperación no avanzan de manera sincronizada. Corregir los principales desequilibrios macroeconómicos puede producirse mucho antes que una mejora generalizada del empleo y del poder adquisitivo de los salarios.
Más aún, algunos de los mecanismos utilizados para estabilizar pueden generar inicialmente costos sobre la actividad y los ingresos. Pretender que todo ocurra al mismo tiempo suele conducir a frustraciones, tanto para los gobiernos como para la sociedad.
Además, una expansión liderada por las exportaciones, la minería, la energía o el agro puede incrementar el producto y mejorar rápidamente la disponibilidad de divisas sin trasladarse con la misma intensidad al comercio, la industria o los servicios urbanos.
Esos sectores demandan proveedores, trabajadores e inversiones y, con el tiempo, pueden generar encadenamientos importantes. Pero ese proceso no es inmediato. Entre una inversión en Vaca Muerta y la percepción de mejora de una familia del conurbano existe una cadena de transmisión que requiere tiempo y, sobre todo, continuidad.
También conviene ser cuidadosos al interpretar algunos indicadores agregados. Que el consumo total aumente no significa que todas las familias estén consumiendo más ni que el bienestar del hogar representativo haya recuperado sus mejores registros.
Puede haber cambios en su composición, diferencias importantes entre niveles de ingreso y una parte del gasto sostenida mediante endeudamiento, utilización de ahorros o postergación de otros pagos. El agregado importa, pero no necesariamente describe la experiencia de todos los que lo componen.
La contención de la inflación ofrece otro ejemplo. Es una condición indispensable para recuperar estabilidad y previsibilidad, pero sus beneficios tampoco llegan todos juntos. Una inflación más baja permite planificar, reduce la pérdida de poder adquisitivo producida por aumentos continuos de precios y eventualmente facilita la extensión de los contratos y del crédito.
Pero no recompone de inmediato ingresos perdidos, no resuelve automáticamente las dificultades financieras acumuladas (incluso tiende a agravarlas) ni garantiza una recuperación rápida del empleo. Detiene un mecanismo de deterioro; la reconstrucción posterior requiere tiempo.
Aquí aparece el punto central. Las expectativas ya cambiaron, pero no de manera homogénea. Parecen haberlo hecho con mayor intensidad en los mercados financieros y en aquellos sectores vinculados a las actividades más dinámicas que en buena parte de los hogares, comercios y empresas que dependen fundamentalmente del mercado interno. Y eso importa porque son precisamente estos últimos quienes deben protagonizar una recuperación más extendida.
Una empresa no decide incorporar trabajadores porque el riesgo país bajó; lo hace cuando espera vender más y considera que esa demanda será sostenible. Una familia no toma un crédito hipotecario solamente porque la inflación cayó; necesita creer que conservará su empleo y que sus ingresos le permitirán pagar las cuotas durante años.
Buenos datos macroeconómicos pueden influir sobre esas decisiones, por supuesto, pero la transmisión no es automática. Necesitan acumularse, sostenerse y terminar modificando la percepción sobre el propio futuro.
Por eso, el desafío del Gobierno es ahora diferente al que enfrentaba al comienzo de la gestión. Ya no se trata únicamente de corregir los grandes desequilibrios ni tampoco de generar las primeras señales de confianza.
Se trata de ampliar el radio de ese cambio: que la reacción que ya muestran los mercados y algunos sectores productivos termine alcanzando de manera más visible al empleo, los ingresos, el crédito, el consumo y la inversión del resto de la economía.
Milei parece creer que haber cumplido buena parte de sus promesas debería alcanzar para que la sociedad reconozca el cambio. Pero una promesa puede considerarse cumplida en términos macroeconómicos y seguir incompleta en términos de bienestar. Esa distancia no necesariamente invalida los logros; muestra que todavía no terminan de hacerse perceptibles ni de generalizarse.
Y ahí aparece un riesgo que el Gobierno no debería subestimar. Cuanto mayor sea la distancia entre el tono triunfal y la experiencia cotidiana, menor será la capacidad del discurso para modificar las expectativas que todavía faltan cambiar.
