En los años kirchneristas, Argentina construyó un sistema de subsidios energéticos injusto e ineficiente, y cada vez más desordenado, difícil de sostener fiscalmente. Distintas iniciativas que a lo largo de los años buscaron amortiguar el impacto de las tarifas sobre los hogares terminaron configurando una superposición de regulaciones que se fueron acumulando sin demasiada coordinación entre sí: categorías tarifarias, subsidios generalizados, tarifa social, segmentación por ingresos, beneficios regionales y regímenes especiales. El resultado: un sistema de precios completamente distorsionado, con todo tipo de inequidades para la población.
Uno de los casos más claros es el “Régimen de Zona Fría”. En su diseño original, el esquema buscaba subsidiar el consumo de gas natural en la región patagónica y otras localidades del país expuestas a bajas temperaturas. Inicialmente cubierto con recursos generales del Tesoro, luego se creó un fondo fiduciario específico alimentado mediante un cargo-impuesto -en la actualidad es del 7,5%- al consumo de gas incluido en la factura que pagan todos los usuarios conectados a la red. Con esos recursos se cubría hasta el 50% de la factura de gas de los beneficiarios, independientemente del nivel de ingresos de los hogares alcanzados.
En 2021, la ley 27.637 de “Zona Fría” modificó sustancialmente el alcance original del esquema. Incorporó provincias y localidades del centro y norte del país y sumó alrededor de 3,1 millones de usuarios como beneficiarios del sistema. Así, un régimen pensado originalmente para Patagonia, Malargüe y la Puna con cerca de 850.000 usuarios terminó llevando el universo total de beneficiarios a casi 4 millones.
Este esquema ampliado, con subsidios del 30/50% de la factura total, convivía con otros mecanismos de asistencia, como la tarifa social y la segmentación energética por ingresos. El resultado fue una superposición creciente de subsidios, muchas veces sin una lógica clara de focalización.
Con el paso del tiempo, además, los recursos del fondo fiduciario específico dejaron de alcanzar para financiar el beneficio y el sistema empezó a requerir transferencias del Tesoro Nacional para sostenerse. El costo ya no fue soportado solamente por los usuarios de la red de gas, sino también por el conjunto de los contribuyentes.
Hogares sin acceso al gas natural por redes, que muchas veces deben calefaccionarse con garrafas, leña u otros combustibles más caros e ineficientes, terminaron financiando parte del consumo de gas de hogares que sí están conectados a la red. Incluso, en algunos casos, de sectores de ingresos medios y altos, o de viviendas de uso ocasional en distintas localidades turísticas incorporadas al régimen.
Con estos antecedentes, resulta auspicioso el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, orientado a ordenar el sistema sin eliminar completamente la asistencia. El proyecto, que cuenta con media sanción en Diputados, propone eliminar los beneficios incorporados en la ampliación de 2021 y volver al alcance histórico previsto por la Ley 25.565. En los hechos, eso implicaría restringir nuevamente las tarifas bonificadas a los usuarios originalmente contemplados por el régimen.
La lógica detrás de la propuesta no pasa por desconocer que existen regiones del país donde el consumo energético para calefacción es estructuralmente más elevado. Tampoco por eliminar toda asistencia estatal. El objetivo apunta más bien a reordenar el esquema y mejorar su focalización, manteniendo beneficios para los sectores vulnerables y reduciendo subsidios para hogares de altos ingresos que hoy continúan recibiendo descuentos únicamente por criterios geográficos.
Bajo el nuevo esquema, los usuarios incorporados en la ampliación de 2021 solo conservarían descuentos adicionales si están alcanzados por el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), orientado a hogares de menores ingresos.
Además, la asistencia dejaría de calcularse sobre el total de la tarifa y pasaría a aplicarse únicamente sobre el precio del gas, excluyendo transporte y distribución. Además de corregir distorsiones distributivas, el cambio tendría impacto fiscal. En 2025, el Estado debió aportar $491.600 millones para sostener el esquema de Zona Fría. En un ejercicio de orden de magnitud, si el régimen pasara de 4 millones a 2,4 millones de beneficiarios como se estima, y el descuento se aplicara solo sobre el precio del gas, el costo anual podría reducirse a alrededor de $130.000 millones. Esto implicaría un ahorro cercano a $360.000 millones anuales, equivalente a aproximadamente el 73% del costo actual.
La discusión expone, en el fondo, un problema más amplio de la política energética argentina. Durante años, el sistema de subsidios fue acumulando objetivos distintos sin una arquitectura común: contener tarifas, proteger ingresos, compensar diferencias regionales y evitar saltos bruscos en la inflación. El resultado fue un esquema caro, opaco y crecientemente difícil de sostener.
Ordenarlo no implica necesariamente avanzar hacia una eliminación abrupta de la asistencia. Implica, más bien, construir un sistema más focalizado, transparente y fiscalmente sostenible, evitando que los recursos públicos terminen subsidiando consumos que poco tienen que ver con situaciones de vulnerabilidad energética.
